Cuando los Vecinos Mapearon las Cámaras: Deflock y la Geopolítica Vecinal de la Vigilancia
Un proyecto open-source en Casa Grande, Arizona expone la infraestructura oculta de lectores de matrículas. Analizamos el poder de Flock Safety y por qué la cartografía ciudadana es un acto político.
Una ciudad pequeña, una red invisible
En Casa Grande, Arizona —una localidad de unos 60.000 habitantes entre Phoenix y Tucson— un grupo de residentes ha hecho algo que ninguna agencia federal, ningún medio nacional y ningún regulador estatal parecía dispuesto a hacer: ha mapeado, en un mapa abierto y colaborativo, cada cámara de reconocimiento de matrículas instalada en su municipio. El proyecto se llama Deflock Casa Grande y es apenas una célula local de un movimiento más amplio conocido simplemente como Deflock, una iniciativa open-source que documenta la ubicación de los lectores automáticos de placas (ALPR, por sus siglas en inglés) que empresas privadas —principalmente Flock Safety— han desplegado por todo Estados Unidos.
Pero detrás de este gesto aparentemente modesto —apuntar coordenadas en un mapa— se esconde una pregunta mucho más profunda: ¿quién tiene derecho a saber dónde te observan, y por qué los ciudadanos tienen que reconstruir a mano lo que las corporaciones y los cuerpos policiales tratan como infraestructura opaca?
Flock Safety: el gigante que nadie votó
Para entender la magnitud de lo que Deflock está visibilizando, hay que mirar a la empresa que está detrás de la mayoría de esas cámaras. Flock Safety, fundada en 2017 por Garrett Langley, no es una startup cualquiera. Según datos de su última ronda de financiación en 2024, la compañía fue valorada en aproximadamente 7.500 millones de dólares, tras una inyección de capital liderada por Andreessen Horowitz con participación de fondos como Founders Fund, Bedrock y Meritech Capital.
Ese volumen de capital no es trivial: refleja una apuesta estratégica del venture capital estadounidense por convertir la vigilancia vecinal en un negocio escalable. Flock vende a municipios, condados, policías y asociaciones de propietarios un producto aparentemente inocuo: cámaras con IA que leen matrículas y las contrastan con bases de datos de vehículos robados, órdenes de búsqueda o listas de vigilancia. El cliente paga una suscripción mensual; Flock retiene los datos.
El modelo de negocio es brillante desde el punto de vista capitalista y perturbador desde el punto de vista cívico. Flock no vende un producto, vende una infraestructura de vigilancia con modelo SaaS, y lo hace puerta a puerta, municipio a municipio, sin pasar por ningún proceso de supervisión democrática agregado. Cada jefe de policía, cada HOA (asociación de propietarios), cada administrador municipal decide unilateralmente instalar una red que captura las placas de todo vehículo que circule por la zona.
La concentración del mercado de vigilancia
La concentración es feroz: tres o cuatro empresas controlan el grueso de la infraestructura tecnológica con la que se vigila a la población estadounidense. Y todas ellas comparten una característica fundamental: operan en la intersección entre el Estado y el mercado privado, donde los mecanismos de rendición de cuentas son más débiles. La policía compra el servicio, pero la empresa posee los datos, define los términos de uso y decide qué información comparte con qué agencia.
Un patrón histórico: cuando el capital financia la vigilancia
Lo que Deflock viene a recordarnos es que la democratización de la vigilancia no ha venido acompañada de una democratización del conocimiento sobre esa vigilancia. Los contratos entre Flock y los municipios suelen ser confidenciales. Las ubicaciones exactas de las cámaras rara vez se hacen públicas. Los criterios de retención de datos son opacos. Y cuando un periodista o un ciudadano pregunta, la respuesta habitual es una mezcla de “información sensible para la seguridad pública” y cláusulas de confidencialidad comercial.
El mapa como acto de desobediencia informativa
Tecnológicamente, el proyecto es modesto: una base de datos abierta, una interfaz de mapa, herramientas de scraping para identificar cámaras mediante fotografía o trabajo de campo. Pero su efecto político es desproporcionado. Cuando un residente sabe que a la salida de su barrio hay una cámara que registra cada matrícula que pasa, su relación con el espacio público cambia. Puede decidir no pasar por esa calle, o puede decidir que la presencia de esa cámara merece una queja formal en el concejo municipal.
Deflock también está generando datos que los reguladores no tienen: densidad real de la red, patrones de despliegue, correlación entre vecindarios ricos y cobertura ALPR. Esta información, agregada, es oro para periodistas, académicos y abogados de libertades civiles.
El futuro: ¿regulación o contracartografía?
La pregunta de fondo no es técnica sino política. ¿Se regulará la industria de los ALPR —como se reguló en su día la interceptación de comunicaciones con la Ley CALEA? ¿O se dejará que las ciudades, una por una, sigan acumulando infraestructura de vigilancia financiada con dinero público pero operada por empresas privadas?
Mientras esa regulación llega —si llega—, Deflock y proyectos similares ofrecen algo que el mercado no va a proporcionar espontáneamente: transparencia. Y la transparencia, como recordaba hace décadas la juez del Tribunal Supremo Louis Brandeis, es el mejor desinfectante.
A[Andreessen Horowitz & Founders Fund] —> B[Flock Safety]
graph LR
A[Andreessen Horowitz & Founders Fund] --> B[Flock Safety]
B --> C[Police Departments & HOAs]
C --> D[Citizen Mappers - Deflock]
D --> E[Public Transparency]